Lamentablemente una vez más la muerte y las decenas de heridos es el corolario de la incapacidad de los gobiernos provinciales y nacionales -elegidos muy democrática y representativamente- en conseguir el bienestar general, afianzar la justicia y asegurar la paz, menos aún la de bregar por la unión nacional.
La austral provincia de la República Argentina con sus 200.000 habitantes posee inmensurables recursos petroleros, gasíferos, mineros y pesqueros, tierras aptas para el desarrollo de la determinado tipo de ganadería y productos agrícolas; y todas sus industrias derivadas que deberían estar instaladas al servicio de la producción provincial. Debemos, entonces, condenar el accionar de los diferentes gobiernos provinciales y nacionales y no podemos menos que solidarizarnos con la luchas de sus trabajadores, sea cual fuere su actividad.
En aquellas tierras fue aplicado el mismísimo modelo de exclusión social y vaciamiento de las empresas públicas que arrasó a la Nación toda, y las consecuencias están cada vez más a la vista de todos. Claro, menos para los políticos que se debaten por conseguir el poder y una vez logrado no abandonarlo a cualquier costo y por cualquier forma. Hoy se presentan como diferentes los que fueron y son iguales a aquellos.
Las falsas promesas institucionales de cualquier orden, la inexistencia de un proyecto superador de la realidad provincial que condena a sus habitantes y que tiene una estructura de empleo que hace que las mayorías sean dependientes de la actividad pública siempre tan prebendaria como extorsionadora, el ingreso provincial puesto al servicio de la especulación financiera y de la obra pública entregada únicamente a los socios del poder, con una justicia diseñada a medida del poder y para seguridad de él, el manejo de la información y la persecución periodística, etc. son algunos de los motivos que van generando cada vez más descontento social.
Como suele ocurrir siempre, la única respuesta de las instituciones es la persecución judicial junto a la intimidación y represión de las fuerzas policiales y de seguridad. Porque desde los despachos del poder parten cada una de los órdenes y políticas que necesariamente terminan en el sojuzgamiento y explotación de los trabajadores y del pueblo en general.
Para el poder, provincial y nacional, los conflictos sociales y laborales pueden mantenerse sin resolverse todo el tiempo que ellos estimen necesario. Solamente cuando el cansancio y la espera de las víctimas del modelo terminan por ser incontrolables aparecen con sus improntas autoritarias y represivas. Antes no hacen nada, solo el juego político de su propio poder los mantiene ocupados.
Los habitantes de Santa Cruz, fundamentalmente por la calidad humana y temple, deberían estar disfrutando del bienestar que sus riquezas les permitirían vivir con dignidad y con proyectos de vida que superen a las diferentes generaciones, pero ahí están los políticos para hacer justamente lo contrario de lo que establece la inteligencia y las acciones de bien y de humanidad de los derechos.
Esta no es la primera vez que los trabajadores santacruceños deben salir a luchar y pelear por sus derechos y dignidades, la historia comienza en los principios del siglo pasado con los peones del campo que fueron reprimidos y asesinados, siguiendo con las luchas de docentes, obreros de la construcción, mineros del carbón, municipales, pesqueros y petroleros.
Y es por eso que desde el poder quieren instalar la idea de los infiltrados en las luchas obreras, pretenden desviar la atención solamente hacia un episodio de intolerancia y que no se ventile una realidad que palpable. Ayer eran los inmigrantes extranjeros ahora son los inmigrantes internos y los activistas políticos los que, para el poder, llegan a las tierras santacruceñas para violentar la tranquilidad y los proyectos burgueses, oligárquicos y de las transnacionales. Todas mentiras, porque existe una sola verdad que cualquiera puede ver convertida en realidad y que es la injusticia en la distribución del ingreso y las riquezas, la pauperización del empleo privado y público, el desempleo encubierto como la falta de políticas económicas y productivas activas y sustentables.
Mientras que no se cambien las políticas económicas y sociales en Santa Cruz, hasta que la justicia deje de ser dependiente del poder de turno, hasta que las riquezas y los negocios no estén manejados por los corruptos y socios de las administraciones políticas sino al servicio de la comunidad nada podrá cambiar.
Ellos, los políticos, buscarán y señalarán con su dedo acusador a cualquiera que luche, con tal que no se ponga en tela de juicio sus improntas y criterios vacíos, como perversos, de gobernabilidad e institucionalidad. Obviamente que son muy rápidos para constituir un comité de crisis y enviar fuerzas armadas federales para intimidar a los pobladores y trabajadores en lucha, pero muy lentos para solucionar los problemas que aquejan a los habitantes y cierran los caminos al desarrollo de sus jóvenes.
Los santacruceños demostraron que son muchas las cosas que hay que cambiar y por las cuales jamás se deberán bajar los brazos ni entregar ninguna de las conquistas conseguidas. Más triste y terrible será el futuro de Santa cruz y de la Nación si compramos la idea que el problema son los cortes de rutas y la lucha social.
Que así sea siempre, a pesar de sus gobernadores, intendentes, diputados y concejales, como también de su actual presidente.
Por Hugo Alberto de PedroQueda prohibida toda forma de explotación de las personas que atente contra la dignidad humana.Artículo 10 de la Constitución de la provincia de Santa Cruz
